Análisis del fallo de la Corte Suprema “Editorial Río Negro SA”

¿La Corte delimitó el alcance de la solidaridad del artículo 30 LCT?

Como antecedente del caso, el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro había fallado a favor de la parte actora, en un reclamo por deudas laborales impetrado tanto contra el empleador -Distribuidor del Diario de Rio Negro- como la Editorial que lo publica. En este punto, el Tribunal invocó el Art. 30 bajo el argumento de que resultaba inexplicable la edición del periódico sin concebir su distribución.

Resulta necesario recordar que el Artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T, en adelante) prevé distintos supuestos de solidaridad, que han dado y son objeto al día de la fecha de continua discusión tanto doctrinaria como jurídica.

El Tribunal provincial, dentro de los elementos del articulado, se basó y consideró que lo sustancial debía circunscribirse en torno a la configuración de la segunda de sus hipótesis: Editorial Rio Negro delegó en el distribuidor, en parte al menos, su actividad normal y específica propia de su establecimiento. Adicionalmente, se destacó que el diario de papel, como producto listo para el consumo de información periodística, no se perfeccionaba sino con su armado concreto (labor que en el caso de marras era llevada a cabo por el distribuidor, quien debía intercalar las diversas secciones del diario en un cuerpo principal).

A partir de lo dicho, se concluyó que la delegación de la última parte de la unidad de ejecución productiva del diario, verificaba la solidaridad. Ello así, pues el distribuidor no recibe un producto terminado, sino que participa de un proceso producto que corresponde al editor. Es así, a criterio del Tribunal Provincial, como se configura la hipótesis de prestación por parte de un tercero de una actividad normal y especifica propia del establecimiento editor.

Como defensa al momento de interponer el Recurso Extraordinario Federal, la Editorial solidariamente condenada se basó en la arbitrariedad de la sentencia, alegando que el producto (la actividad de la editorial, en concreto) comenzaba con la edición de la información, y finalizaba con la expedición del producto al distribuidor, que solamente tiene que ordenar el material y ponerlo en condiciones de ser consumido por el público.
Recepcionada que fuera la causa por la Corte Suprema, resulta cuanto menos controvertido el análisis realizado, en donde sólo se destacara que “la conclusión (del Superior Tribunal de Rio Negro) solo encuentra apoyo en una extensión desmesurada del ámbito de aplicación del Art 30 LCT, de un modo que su texto no consiente, desnaturalizando su contenido al asignarle un significado que excede inaceptablemente sus fines y que por ello debe ser descartada” (cfr. acápite 5to del fallo). Es así como, sin más lineamientos que los supra mencionados, se hace lugar a la queja, declarándose procedente el Recurso Extraordinario, y dejando sin efecto la sentencia apelada.

La crítica -necesaria- que debe hacerse del fallo objeto de análisis, es que se pierde una buena oportunidad para que nuestro Máximo Tribunal fije un criterio objetivo acerca de cómo interpretar o, más bien, hasta dónde llega el factor de responsabilidad solidaria que fija la LCT en su artículo 30. La Corte no tomó ningún argumento de los doctrinarios que hace años vienen propiciando distintas soluciones interpretativas, bien sea dentro de las posturas llamadas estrictas o las denominadas amplias. Como ejemplo de la primera, que la Corte podría haber aplicado para el caso “Editorial Rio Negro”, el Dr. Julio Grisolia ha sabido puntualizar que «se deben excluir aquellas tareas que, aunque necesarias para el funcionamiento del establecimiento, resulten accesorias y perfectamente escindibles de la actividad desarrollada por la contratante, por no formar parte del giro normal y específico (propio) de la empresa”[1].

Así las cosas, la interpretación y el alcance del Art. 30 LCT puede ser más amplia o más restringida, en función de la tutela legal que brinda, pero necesariamente debe reprochársele a la Corte Suprema el hecho de revertir una sentencia bajo el único argumento de supuesta arbitrariedad, por entender “una extensión desmesurada del ámbito de aplicación del Art 30”. En estricto, debería haberse puesto el foco de atención en si la tarea llevada a cabo por la parte actora era o no una potencial subcontratación de la Editorial, correspondiente a la actividad normal y especifica propia del establecimiento. Hubiese resultado tanto más interesante fijar, o intentar al menos, pautas interpretativas de qué debe entenderse como actividad normal y específica, y que la Corte arrojase un manto de luz con respecto a las doctrinas amplias o restrictivas en materia interpretativa.

En suma, la doctrina de la Corte en materia de tercerización, desde “Rodríguez c/ Compañía Embotelladora” hasta “Benitez c/ Plataforma Cero«, ha sido lo suficientemente fluctuante como para justificar en el caso “Editorial Rio Negro” su intervención. Bien vale recordar que donde el fallo “Rodríguez” resolvió a mérito de interpretar al art. 30 de la LCT que no correspondía reclamar responsabilidad solidaria por créditos laborales de un empresario que suministrare a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución, el “nuevo criterio” de la Corte para el juzgamiento de la responsabilidad solidaria a partir de “Benitez” implicó abandonar el criterio restrictivo de extensión, sosteniendo que para definir la aceptación o el rechazo de la solidaridad, debía probarse la existencia de “una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión (el art. 30), al art. 6del mismo ordenamiento legal”. Se infería entonces de “Benitez” que la solidaridad dependía de la prueba de esa unidad, referida al establecimiento, que está precisado en el art. 69 de la LCT como un segmento de la empresa, que hace a sus fines.

Lo valioso, y que debe significarse de los fallos “Rodriguez” y “Benitez”, es que más allá de los efectos de uno y del otro, la Corte verdaderamente quiso fijar doctrina, estableciendo criterios y pautas para la valorización en la materia del Artículo 30. Así fue como, en definitiva, instó a los jueces de grado a considerar los hechos y pruebas de cada caso concreto.

Contrariamente a lo dicho, en “Editorial Rio Negro” el Tribunal provincial quiso, precisamente, analizar los hechos y merituar la actividad en cuestión, donde la Corte solamente tildó de “desmesurado” el razonamiento del Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro. Es decir, y bien podríamos sostener, fue inconsecuente con la doctrina que regía desde “Benitez”.

Como corolario, debemos decir que la pregunta disparadora del presente artículo de opinión, queda (lamentablemente) inconclusa y abierta a raíz del fallo comentado. Entendemos que la Corte Suprema no ha realizado un análisis pormenorizado de la actividad de distribución y venta de diario, por un lado, ni tampoco ha buscado tratar las distintas aristas que, desde Rodriguez con Compañía Embotelladora, persisten sin criterio unificado hasta el día de la fecha.

Por JULIAN COSSO
Abogado (UBA), Diploma de honor y premio al mérito académico, especialista en derecho laboral.

Ley de defensa de la competencia (27.4872)

Ley de defensa de la competencia (27.442)

Algunas consideraciones prácticas para su entendimiento, a la luz de la reciente reglamentación.

a) La normativa apunta a prevenir y sancionar la cartelizacion del mercado y los abusos de posicion dominante. En consecuencia, se prohiben los acuerdos entre competidos, las concentraciones económicas y todo acto o conducta que tenga por objeto falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado.

b) Las partes: crea la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con sede en la CABA aunque con posibilidad de actuar en todo el ámbito nacional. Dentro de la ANC, funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas (SICA) y la Secretaría de Concentraciones Económicas (SCE).

c) Tipifica conductas (prácticas), presumiendo a las mismas como generadoras de un perjuicio al interés económico general (Arts. 2 y 3).

d) Somete a las disposiciones de la ley tanto a personas físicas como jurídicas, de carácter público y privado, que realicen actividades económicas en el territorio nacional y en el exterior. Para este ultimo caso, las actividades o acuerdos deben producir efectos en el mercado local. Se establece, a los efectos de la ley, que “para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos, se atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan” (Art. 4). Quedará ver si la práctica permite arrojar mayores certezas acerca de este enunciado que, a priori, deberá tomarse siguiendo la armonizacion contextual del conjunto jurídico.

e) Brinda una exposicion acabada de (lo que ha de entenderse por, y cómo ha de entenderse) la denominada posición dominante en el mercado (Art. 5) y la concentración económica (Art. 7).

f) Artículo 9. Notificación previa. Supuestos: ordena que, previo a perfeccionar el acto que pueda implicar una concentración económica (verbigracia, una fusión entre empresas) deberá notificarse a la ANC. Para que quede configurado el supuesto, la suma del volumen de negocio total entre el conjunto de las empresas debe superar las 100 millones de unidades móviles (UM). Dos (2) son los supuestos para los que el Artículo exige, como recaudo previo, la notificacion a la ANC:

1) Perfeccionamiento del acto “per se”: los actos tipificados en el Art. 7, como la transferencia del fondo de comercio de una o varias empresas, o una fusión.

2) Materialización de la toma de control: si bien la ley no lo trata, el Reglamento se encarga de estipular la definicion, indicando que “son todos aquellos actos que, de cualquier forma, de hecho o derecho, otorguen influencia sustancial al adquirente o cualesquiera de los integrantes de su grupo de control sobre el objeto de la operación”.

El reglamento de la ley, por otra parte, ahonda en los supuestos en que debe notificarse con carácter previo. En todos los casos -dispone-, la notificacion sera facultativa para la parte vendedora, aunque el TDC podrá requerir su participación en el trámite.

Finalmente, la reglamentación estipula que los actos de concentración económica que se concluyan en incumplimiento a lo establecido en el Art. 9, no producirán efectos jurídicos, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a las personas físicas o jurídicas que los ordenaron o coadyuvaron en su ejecución.

g) A pedido de parte, el TDC podrá emitir opiniones consultivas acerca de si un acto encuadra en la obligacion de notificar a la ANC, conforme lo expuesto precedentemente. El decisorio es inapelable. Asimismo, el TDC puede actuar de oficio o ante denuncia del interesado para evaluar si un acto (no notificado) encuadraba en dicha obligacion.

h) El TDC, en todos los casos de notificación previa, deberá decidir por resolución fundada:

  • Autorizar la operación
  • Subordinar el acto al cumplimiento de condiciones, a establecer por la misma autoridad
  • Denegar la autorización.

Por otro lado, el Art. 14 faculta al TDC a que, previo a tomar una decision, comunique a las partes involucradas sus objeciones y las convoque a una audiencia especial para considerar posibles medidas que mitiguen los efectos (sospechadamente) negativos sobre la competencia.

De esta forma, se otorga a las partes la posibilidad de réplica ante la potencialidad o la duda sobre la operación.

i) El acceso a la jurisdicción: por fuera de la actuacion de oficio, los interesados en iniciar actuaciones ante la ANC deberán abonar un arancel que “no podrá ser inferior a las 5.000 ni superar las 20.000 UM” (Art. 33). Teniendo en miras que el valor inicial de la UM se establece en 20 pesos (conf. Art. 85), la jurisdicción quedará restringida a un abono mínimo de $100.000. Restará verse cómo se instrumenta esta vía para los particulares o pequeñas empresas que no puedan afrontar el arancel.

j) Algunas cuestiones procedimentales:

  • El procedimiento se inicia de oficio o por denuncia realizada tanto por persopnas físicas como jurídicas, públicas o privadas.
     
  • La denuncia debe contener los mismos supuestos que los contemplados en el Art. 330 CPCCN.
     
  • En principio, rige la amplitud probatoria, aunque el TDC debe resolver sobre la procedencia de la prueba, otorgando aquella que fuera pertinente y rechazando la que considere improcedente. Dicho decisorio, es irrecurible, aunque puede plantearse recurso de reconsideración de las medidas de prueba dispuestas en relación a la pertinencia, admisibilidad, idoneidad y conducencia (Art. 42).
     
  • El TDC puede imponer el cumplimiento de condiciones u ordenar el cese de conductas a los fines de evitar que produzcan un daño. Podrá ordenar las medidas que estime pertinentes para prevenir lesiones al régimen de la competencia (Art. 44). Si bien no se agrega nada mas acerca de esta suerte de medidas cautelares, se aclara que contra la resolucion podrá interponerse recurso de apelación, con efecto devolutivo.
     
  • El compromiso: hasta (el momento del) dictado de la resolucion por parte del TDC, el presunto responsable puede comprometerse al cese inmediato o gradual de los hechos investigados. Dicho compromiso deberá ser aprobado por el TDC, a los efectos de suspender el procedimiento. Transcurridos 3 años del cumplimiento del compromiso, sin reincidencia, las actuaciones serán archivadas.

k) El programa de clemencia. Aspectos relevantes: en íntima relación con las recientes modificaciones en materia de compliance y responsabilidad penal empresarial, el Capítulo VIII de la LDC permite que cualquier persona (física o jurídica) que haya incurrido o esté incurriendo en una conducta de las (taxativamente) enumeradas en el Art. 2, pueda revelarla y reconocerla ante el TDC acogiéndose al beneficio de la exención o reducción de las multas. Dicho beneficio podrá solicitarse antes de la notificación a los presuntos responsables de los sumarios iniciados por el TDC.

Requisitos: para que el beneficio resulte aplicable, quien lo solicite deberá cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos, a saber:

1. Exención: ante el supuesto que el TDC no cuente con informacion, el presunto responsable deberá ser el primero entre los involucrados en suministrar dicha información y elementos probatorios. En caso que el TDC haya iniciado previamente una investigación, pero hasta la fecha de presentación de la solicitud no cuente con evidencia suficiente, debe ser el primero entre los involucrados en aportar materia de prueba e información.

Por lo expuesto, pareceria evidenciarse que el régimen es exclusivo para el primeroque llega. No obstante, el propio capítulo especifica que “el Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un sistema para determinar el orden de prioridad de las solicitudes para acogerse al beneficio establecido en el presente artículo” (Art. 60). Restara ver en la práctica cómo se merituará la prueba y/o información en caso de que sean presentadas por mas de un involucrado, y si la exención podrá hacerse valer cuando los elementos aportados no permitan establecer a ciencia cierta un único beneficiado.

2. Cese inmediato en el accionar: el TDC puede pedirle al solicitante del beneficio que cese inmediatamente con su participacion en la practica violatoria, o bien puede, por otro lado, solicitarle que continue con el accionar o conducta violatoria en aquellos casos en que lo estimare conveniente a efectos de preservar la investigación.

3. Cooperación plena: continua y diligentemente con el Tribunal de Defensa de la Competencia.

4. Que no destruya, falsifique u oculte pruebas de la conducta anticompetitiva, ni lo hubiese hecho.

5. Que no divulgue o que no hubiera divulgado o hecho pública la intención de acogerse al beneficio.

Sin perjuicio de lo expuesto en la exención, antes mentada, se establecen reducciones o beneficios complementarios para quienes aportan información o pruebas de convicción o utilidad adicional a las que ya posea el TDC, siempre y cuando se satisfagan los restantes requisitos enumerados.

Finalmente, se aclara que el beneficiario del programa de clemencia será igualmente responsable solidariamente ante 1) sus compradores o proveedores directos e indirectos; 2) otras partes perjudicadas, unicamente cuando fuera imposible obtener la plena reparacion del daño producido.

l) La ley habilita la reparación de los daños y perjuicios que pudieran damnificar tanto a personas físicas como jurídicas. Dicha acción, cuando tuviera lugar frente a la resolucion del TDC que -una vez firme- hace cosa juzgada sobre la materia en que versa la LDC, tramitará por el proceso sumarísimo.

m) Las resoluciones del TDC son apelables. El recurso debe interponerse y fundarse ante el TDC, quien deberá elevar las actuaciones a la (aun por crearse) Sala Especializada en Defensa de la Competencia, de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial. El reglamento de la LDC establece que hasta tanto se cree la mentada Sala, será competente para entender en el recurso de apelación la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial de la Capital Federal.

n) Para los casos no previstos o contemplados en la LDC, seran de aplicación supletoria el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.

ñ) El reglamento de la ley 27.442 agrega a la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación como autoridades de aplicación, “supervisando el accionar de la Autoridad Nacional de la Competencia”.

Por JULIAN COSSO
Abogado (UBA), Diploma de honor y premio al mérito académico, especialista en derecho laboral.